La Reforma Tributaria en actual discusión en la Cámara de Diputados incluye impuestos correctivos a las bebidas alcohólicas y no alcohólicas azucaradas, los cuales han generado gran polémica entre la industria y ciertos parlamentarios que han defendido la producción local. Más allá de lo esperable de esta reacción, la discusión debiese centrarse en el efecto benéfico sobre la salud de la población, yendo más allá de los efectos puramente económicos. En Chile, la mayor carga de enfermedad, discapacidad y muerte está asociada al consumo de alcohol, bebidas azucaradas y tabaco, y justamente los impuestos han mostrado ser la medida más costo-efectiva para reducir su consumo.
Un impuesto al alcohol, bebidas azucaradas y tabaco es una medida que va más allá de sólo compensar el gasto que produce su consumo; en este caso, el enorme gasto en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Este tipo de impuesto es una medida de salud pública en sí misma que apunta a reducir el consumo y sus consecuencias sobre la salud a través del aumento de precio. Más aún, la visión del impuesto como herramienta de salud pública, aun cuando no genere efecto recaudatorio y sólo mínimamente correctivo, es fundamental, ya que envía una señal potente sobre el rol del Estado en su conjunto como responsable de la salud colectiva y garante de derechos sociales.
La propuesta original de impuesto al alcohol presentada por el Ejecutivo aumentaría los precios de 5 a 20%, afectando en mayor medida a las bebidas de más graduación alcohólica y de menor costo. Esto se traducirá en una reducción total del consumo de alcohol y en un cambio en el patrón de consumo, disminuyendo el consumo de destilados y manteniéndose el consumo de bebidas alcohólicas de baja graduación. Según la evidencia internacional, esto se traduciría en aproximadamente 900 muertes anuales menos, sumado a beneficios sociales y económicos: menor violencia intrafamiliar y más productividad laboral.
Considerando estos beneficios, resulta incomprensible la defensa que han hecho diputados y senadores provenientes de las zonas pisqueras del país, argumentando que el impuesto provocaría daños económicos a los pequeños productores de pisco, lo que concluyó en el retiro del impuesto de 0,03 UTM por litro de alcohol puro propuesto. Justamente este impuesto era el que gravaba de mayor forma la venta de destilados de alto grado alcohólico en grandes cantidades, impactando en el patrón de consumo nocivo que existe en el país. Sólo este impuesto significaba una reducción estimada de 450 muertes anuales. Siendo el factor de riesgo que produce mayor muerte y discapacidad en Chile, el impuesto al alcohol no debe ser considerado una moneda de cambio en la negociación parlamentaria, y la salud de la población debe anteponerse a los intereses económicos de la industria productora de alcohol. Esto, especialmente considerando que las consecuencias del consumo de alcohol impactan más severamente a familias de bajos ingresos.
Un impuesto al alcohol, bebidas azucaradas y tabaco es una medida que va más allá de sólo compensar el gasto que produce su consumo; en este caso, el enorme gasto en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Este tipo de impuesto es una medida de salud pública en sí misma que apunta a reducir el consumo y sus consecuencias sobre la salud a través del aumento de precio. Más aún, la visión del impuesto como herramienta de salud pública, aun cuando no genere efecto recaudatorio y sólo mínimamente correctivo, es fundamental, ya que envía una señal potente sobre el rol del Estado en su conjunto como responsable de la salud colectiva y garante de derechos sociales.
En el caso de las bebidas azucaradas, nos encontramos frente a un gran problema. Estas son responsables del 25-50% del aumento de peso anual de las personas. La Reforma Tributaria propone un aumento del impuesto adicional de bebidas analcohólicas (IABA) de cinco puntos porcentuales, pasando del 13% actual a un 18%. Como es de esperar, la industria ha reaccionado buscando invalidar la efectividad de este gravamen y señalando que podría producir otro tipo de problemas, como un aumento en el IPC. Por suerte, contamos con una gran cantidad de evidencia internacional que contradice estos supuesto y apoya el impacto positivo de un aumento del impuesto. Este ha sido implementado de manera exitosa en países como Finlandia, Hungría, Francia, México y algunos estados de Estados Unidos, mostrando un importante reducción del consumo, sin efectos inflacionarios asociados. Uno de los resultados más notables es el descrito por Adam Briggs, de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, que estimó que un aumento del impuesto de 20% se traduciría en 180 mil obesos menos. El problema real de la reforma es la magnitud del aumento del IABA, que es sólo de 5 puntos porcentuales. Probablemente la conclusión más importante que se ha sacado de la experiencia internacional es que el impuesto debe aumentar en 20 puntos porcentuales para asegurar efectividad en reducir el consumo de bebidas azucaradas, y con esto las enfermedades asociadas. Tan fuerte es la conclusión de los estudios, que la Organización Panamericana de la Salud lo ha tomado como recomendación para todos sus países miembros. En la práctica, el aumento al 18% de la reforma es simbólico, ya que no sería lo suficientemente alto para reducir el consumo y se traduciría únicamente en que las familias de menores ingresos (las que más consumen) absorberían el costo sin lograr cambios de conducta. Es decir, con el aumento de 5 puntos porcentuales del IABA, la reforma tendría un efecto regresivo, ya que produciría más gasto de los sectores más vulnerables, sin mejorar el estado de salud. Lo que se debe hacer es claro: para reducir el consumo de bebidas azucaradas, el aumento debe ser mayor, llegando el impuesto al menos a un 33%.
Finalmente, pese a figurar en el programa de gobierno de Michelle Bachelet, el impuesto al tabaco no se incluyó inicialmente en el proyecto de Reforma Tributaria. Oportunamente, durante su tramitación en la Comisión de Hacienda de la Cámara, se incluyó una reforma al impuesto específico actual, aumentando el gravamen por cigarrillo de 0,000128803 a 0,000143959 UTM, es decir, de cerca de $107 pesos a $119 pesos por cajetilla de 20 cigarrillos, manteniendo el impuesto ad valórem (60,5% del precio final de venta) como el principal del tabaco. Si bien inicialmente parece positivo el aumento del impuesto, para reducir el consumo de cigarrillos de forma significativa y en el largo plazo se debería avanzar hacia una nueva estructura tributaria del tabaco, eliminando el impuesto ad valórem actual, reemplazándolo por un aumento al impuesto específico (por cigarrillo) que compense la recaudación perdida por la eliminación del ad valórem (por cajetilla). Este tipo de medidas produciría una disminución del consumo de unidades de cigarrillos, mantendría un impuesto en constante alza (dependiente de las UTM) y evitaría el desplazamiento del consumo hacia cajetillas más baratas, como lo causa ahora el impuesto ad valórem. En un país en el cual, a pesar del impuesto existente al tabaco, se mantiene una de las mayores prevalencias de tabaquismo del mundo, con más de 16.000 muertes anuales por ello, este tipo de modificaciones adquieren carácter de urgentes.
El Gobierno de la Presidenta Bachelet ha dado una señal potente sobre el rol del Estado en la salud de la población. Para traducirse en beneficios reales, el aumento del gravamen a estos tres productos debe ser de una magnitud y forma suficiente para reducir el consumo. Más importante aún, este tipo de reformas deben ser defendidas y protegidas de la influencia de poderosos intereses económicos que ven con buenos ojos su desaparición durante la discusión parlamentaria.
Tomado de El Mostrador
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